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12/10/13 - Juventud Rebelde (Habana) - El destino es joven

Las leyes cubanas protegen especialmente a quienes tienen en sus manos el
futuro del país

Margarita Barrios margarita@juventudrebelde.cu 10 de Diciembre del 2013
1:25:50 CDT

EL 17 de diciembre de 1999, por la Resolución 54/120, adoptada en el seno
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en concordancia con la
recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la
Juventud, realizada en Lisboa, Portugal, se acordó que el 12 de agosto
fuera declarado Día Internacional de la Juventud.

De esta forma el organismo mundial ponía su acento en un tema de gran
sensibilidad internacional, dada la relevancia de este sector en el futuro
de la humanidad, algo en franco contraste con lo que sucede en no pocos
espacios del planeta con respecto a las políticas que se aplican para la
promoción de sus derechos y oportunidades.

"Construyendo un mundo mejor: asociándonos con los jóvenes", fue el primer
tema que convocó a la juventud mundial en un llamamiento a establecer
asociaciones para beneficio de ellos, y desde entonces todos los años se
lanza una idea sobre la cual se establecen los debates.

El solo repaso de los temas propuestos por la ONU para cada celebración
anual es ya una expresión de las desventajas y problemáticas que enfrentan
las nuevas generaciones a escala planetaria: Jóvenes migrantes, hagamos
avanzar el desarrollo; Cambiemos nuestro mundo; El diálogo y la comprensión
mutua; La sostenibilidad, nuestro reto y nuestro futuro; Ser vistos, ser
oídos, la participación en el desarrollo; Encarar juntos la pobreza y la
juventud en una sociedad intergeneracional.

Son duras las situaciones que viven amplias masas de jóvenes a nivel
mundial, entre estas ser víctimas de elevadas tasas de desempleo,
condiciones de trabajo vulnerables y marginación respecto a los procesos de
adopción de decisiones.

Más de 200 millones de jóvenes en el mundo viven en la pobreza y más de 80
millones son víctimas del analfabetismo y el desempleo, según datos de los
mismos organismos internacionales. Ese grupo social es el más golpeado por
la crisis económica, social, política y medioambiental que sacude al
planeta. En las sociedades de consumo ellos son los que más vicisitudes
enfrentan y los que menos oportunidades tienen.

Ello ocurre pese a que sin la mano de los jóvenes es imposible edificar el
porvenir. Con la creatividad que les permite la edad, ellos son portadores
de ideas nuevas y de la fuerza real para ejecutarlas. No es casual que el
presidente Rafael Correa, quien lidera la Revolución Ciudadana en Ecuador,
dijera en la apertura del XVIII Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes que es a este sector a quien le corresponde cambiar el injusto
orden mundial actual.

En la Cuba revolucionaria, sin embargo, ser joven es un privilegio que se
concreta pese a presiones externas y dificultades económicas internas. La
posibilidad de estudiar para ser más útiles a la sociedad está presente en
cada empeño institucional, y es un derecho universal consagrado en la
Constitución y cumplido en la vida práctica, además de que son protegidos
laboralmente.

Ejemplos podrían ponerse muchos, entre ellos la Ley de Maternidad que vela
por la joven madre trabajadora, así como puede encontrárseles a ellas como
integrantes del Parlamento o dirigiendo en los diversos niveles del Poder
Popular.

Igualmente los jóvenes cuentan con organizaciones estudiantiles, juveniles
y de masas donde pueden hacer valer sus opiniones y derechos. Al terminar
sus estudios universitarios, junto con sus diplomas de graduados reciben
una boleta de ubicación laboral.

La infancia es también considerada en Cuba como el mayor tesoro de la
sociedad. Por ello la legislación patentiza su protección, y les brinda
oportunidades y posibilidades reales de inserción.

Los niños cubanos tienen garantizados alimento, casa, escuela, salud y
otros beneficios gratuitos, así como todo un pueblo velando por su
bienestar.

En nuestro país los infantes crecen con sus derechos asegurados, tienen
como su principal deber el de estudiar, para formarse como hombres y
mujeres de bien, y con la tranquilidad de sentirse seguros, pues el Estado
y toda la sociedad velan por su protección.

Cuba firmó la Convención sobre los Derechos del Niño el 26 de enero de
1990, y la ratificó el 21 de agosto de 1991. Dicho instrumento entró en
vigor el 20 de septiembre de ese mismo año y es estudiado por los infantes
del país, quienes aprenden a reconocerlo.

No obstante, el Estado cubano no esperó por la adopción de ningún tratado o
cumbre internacional para consagrar su voluntad de proteger y garantizar
los derechos de la infancia.

Desde la década de los 60 del pasado siglo entraron en vigor medidas,
programas y una legislación que asegura que niños y adolescentes son
titulares de los mismos derechos de que gozan los adultos, más otros
específicos derivados de su condición de personas que están creciendo.

En ese entonces Cuba ya contaba con una serie de normas jurídicas que
brindaban una protección especial a los menores, desde la Ley de la
Maternidad de la Trabajadora, de 1974; el Código de Familia, de 1975, y el
Código de la Niñez y la Juventud, de 1978, que se adelantó a la Convención
en cuanto al tema de la participación del joven.

A partir de 1991 estas normas se atemperaron al principio del interés
superior del niño presente en el texto de Naciones Unidas. Por ejemplo, en
2003, el Consejo de Estado aprobó el Decreto-Ley No. 234, que respalda la
responsabilidad de ambos padres en el cuidado de los hijos, y en 2007 se
dictó la Instrucción 187 del Tribunal Supremo Popular, que establece que en
aquellos procesos de naturaleza familiar, el menor debe ser oído por el
tribunal que conoce del asunto, en un ambiente propicio.

Pero las leyes por sí mismas no garantizan todo. Más allá de lo que hace el
Estado para que los pequeños disfruten de una infancia feliz, es
imprescindible que se involucre en su implementación la sociedad en su
conjunto, cada familia, cada persona.

Por ello es tan importante la constante labor de organizaciones de masas
como la Federación de Mujeres Cubanas y de los trabajadores sociales, así
como la escuela, entre otras instituciones que tienen entre sus objetivos
velar por que todos disfruten de una niñez sana.

El cuidado de la infancia ha de materializarse con certeza jurídica; la ley
ha de ser reguladora de la convivencia social. Y la familia, la escuela y
la comunidad han de responder, conscientes del papel que les toca
desempeñar.

Cuba exige de padres y tutores, por ley, que los niños y las niñas asistan
a los centros escolares de manera obligatoria hasta el noveno grado, o sea,
a las enseñanzas primaria y media.

Luego se les garantiza a todos la continuidad de estudios, es decir,
formarse como técnicos de nivel medio, obreros calificados o acudir a los
institutos preuniversitarios para acceder a la Universidad.

El desarrollo alcanzado por el sistema sanitario, en constante
perfeccionamiento, ha permitido en los últimos años una tasa de mortalidad
infantil por debajo de cinco por cada mil nacidos vivos, y que casi el
ciento por ciento de los partos sean institucionales.

Otro de los logros de Cuba en este campo es el control de enfermedades
transmisibles y que los pequeños reciban su vacunación gratuita, que los
protege de 13 enfermedades.

Así, normas establecidas protegen a los niños y a los jóvenes cubanos, para
que, sin saltar tiempos, deseos y oportunidades, puedan desarrollarse
plenamente y, llegado el momento, asumir el lugar de los mayores.


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